SURda

Chile

Opinión

Manuel Cabeses D.

Relegada a funciones protocolares y actividades menores, la presidenta Michelle Bachelet vive la decadencia irremediable de su segundo gobierno. Es el destino de los liderazgos artificiales que se fabrican con técnicas de marketing y mucho dinero. La caudalosa publicidad, muchas veces asesorada por expertos internacionales, sirve de conexión del mercado con la política. Esta rama del mercantilismo se especializa en “vender” imágenes que pocas veces corresponden a la realidad. Sin embargo, llega un momento en que el arte de gobernar pone a prueba la capacidad del producto. En el caso de la presidenta Bachelet, no obstante, ella misma está contribuyendo a cavar la tumba de su prestigio y autoridad. Su debilidad frente a la corrupción -que ha emponzoñado la política- y su incapacidad para enfrentar la crisis político-institucional, van a sellar su destino político. Su desempeño como gobernante será juzgado severamente por la historia. Ya lo es por sus contemporáneos. Los historiadores le otorgarán especial atención por haber sido la primera mujer presidenta de la República de Chile (en dos periodos) y bajo cuyo mandato se profundizó la crisis político-institucional del país.

La vida tiene sus vueltas… Verónica Michelle Bachelet Jeria estaba llamada a jugar un papel muy diferente. Hija de un general constitucionalista, colaborador del presidente Salvador Allende, que murió en prisión por las torturas que le infligieron los oficiales golpistas, la joven militante socialista no vaciló en incorporarse a la resistencia contra la dictadura. Se jugó la vida en el equipo de comunicaciones de la primera dirección clandestina del PS(1), aniquilada más tarde por la Dina. Junto con su madre estuvieron detenidas en Villa Grimaldi, el santuario de torturas y crímenes de la Dina. Ambas tuvieron que salir al exilio. En 1979 volvió de la RDA -donde participó en la solidaridad con la resistencia en Chile-. Concluyó sus estudios de medicina y trabajó como pediatra en el Pidee, una fundación de asistencia a niños afectados por los estados de emergencia. No tardó en incorporarse a la lucha antidictatorial, colaborando con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Militó en el PS-Almeyda, el sector más radical del socialismo que enfrentó la “renovación” socialdemócrata. Cuando las diferencias se superaron, Bachelet fue miembro del comité central del PS unificado y tuvo su primera experiencia electoral. Fue candidata a concejal por Las Condes y obtuvo un aleccionador 2,35%.

Su inclinación por los temas militares la llevaron a estudiar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) del ejército. Viajó a EE.UU. becada por el Colegio Interamericano de Defensa. En el gobierno del presidente Ricardo Lagos fue ministra de Salud y Defensa. La chispa de una periodista -María Angélica Alvarez, ex mirista de ejemplar militancia en la clandestinidad- la “descubrió” como candidata presidencial. La instaló con éxito en las encuestas. Bachelet derrotó (53,5%) a Sebastián Piñera y en marzo de 2006 se convirtió en la primera mujer presidenta. Su trayectoria política levantó muchas esperanzas en sectores de Izquierda que votaron por ella en esa primera oportunidad. La misma simpatía consiguió en América Latina, que valoró su victoria como un triunfo de la Izquierda. Un factor importante en esas apreciaciones fue la decepción que causaron los anteriores gobiernos, en particular el de Ricardo Lagos. Este “socialista” fortaleció el sistema neoliberal al extremo indecente de merecer las alabanzas del capital financiero. La oligarquía agradecida le concedió el título de “estadista” que conserva hasta hoy.

El primer gobierno de la presidenta Bachelet, sin embargo, no se diferenció mucho de la administración del presidente Lagos. Al contrario, profundizó las políticas neoliberales y se convirtió en heredera -como sus antecesores- del legado de la dictadura. Rasgos positivos, sin embargo, tuvieron sus políticas latinoamericanas que acercaron posiciones -aunque con remilgos- con los gobiernos de Chávez, Lula y Kirchner. Pero a la vez, su primer año de gobierno marcó un récord -todavía no superado- de ganancias para la inversión extranjera.

Su segundo gobierno, en cambio, nació herido en el ala por la abstención electoral que alcanzó casi al 60%. Con el apoyo oficial de partidos de Izquierda como el Comunista, Izquierda Ciudadana y MAS, incorporados a la Concertación que se convirtió así en Nueva Mayoría, Bachelet alcanzó el 46% de los votos en la primera vuelta. En el balotaje llegó al 62%. Pero solo votó el 42% de electores. Esta débil base social y política obligaba a una conducción presidencial resuelta y audaz a fin de encarar el desgaste de la institucionalidad. Se necesitaba (se necesita) un nuevo paradigma social y político con una carga ética muy grande. Pero se actuó al revés.

El programa de la Nueva Mayoría, inicialmente apoyado por el empresariado -que contribuyó generosamente a los gastos de campaña-, propone el “afinamiento” del motor del Estado. Pero lo que urge es cambiarlo para alcanzar el rango de una verdadera y potente democracia. El empresariado se dio cuenta muy luego que se encontraba ante un gobierno débil conformado por contradictorias corrientes políticas. Decidió por lo tanto recortar aun más los moderados alcances del programa reformista neoliberal de la Nueva Mayoría. Lo consiguió con las reformas tributaria y educacional y lo obtendrá con el esperpento de reforma laboral que se cocina en el Congreso.

Por supuesto la responsabilidad del fracaso de este gobierno -cuya molicie acentúa la crisis institucional-, no es solo de la presidenta Bachelet. También es de los siete partidos que la acompañan y que se reparten proporcionalmente las tajadas del presupuesto nacional. Pero la responsabilidad política de la mandataria -ya sea por acción u omisión- no puede soslayarse. El juicio sobre su administración será más categórico cuando el tiempo permita analizar con más antecedentes este periodo gris de nuestra historia. En vez de hacerse cargo de la situación, la presidenta acentuó con su displicencia los factores que abrieron un foso de desconfianza entre el pueblo y unas instituciones carcomidas por su origen y por la corrupción. El comportamiento de la presidenta frente a la corrupción merece una dura crítica. Se esperaba de ella una actitud más resuelta y una condena enérgica a los casos que afectan a los partidos de gobierno y a su propia familia.

Su silencio es un símbolo del penoso cambio ideológico y cultural que el neoliberalismo produjo en las conciencias de muchos que ayer fueron leales y consecuentes militantes de Izquierda. No es un fenómeno individual, es masivo. Un caso colectivo relevante de transformismo ideológico es el Partido Socialista, que hoy cumple las funciones del Partido Liberal del siglo pasado. El único pronunciamiento que se conoce de la presidenta sobre los oscuros negocios de su hijo, fue calificar de un “error” que Sebastián Dávalos acompañara a su esposa, Natalia Compagnon, a la entrevista con Andrónico Luksic Craig, dueño del Banco de Chile. La cita permitió a la modesta empresa Caval obtener un préstamo de 6.500 millones de pesos destinados a multiplicarse en una especulación inmobiliaria. Es increíble que la presidenta se enterara de los trajines financieros de sus familiares por la prensa. En el negocio de Caval -que ahora investiga el Ministerio Público- participaron decenas de personas en bancos, notarías, municipios y servicios públicos. Los servicios de inteligencia, o al menos los círculos políticos allegados a La Moneda, tuvieron que conocer algo de los manejos de Caval y poner en alerta al gobierno.

Lo que sucede es que los sectores de gobierno (y de oposición parlamentaria), comparten el punto de vista que trasunta la presidenta. O sea que la relación de la política con los negocios tiene una sola dimensión mensurable: lo que permite la ley. Si algo es legal, está bien. No importan los procedimientos ni los fines si se ajustan a la ley. Esta forma de pensar es la manifestación más depurada del pensamiento neoliberal. Su “filosofía” se ha adueñado de la casta política, barriendo con la ética y el bien común. El fin supremo pasa a ser la acumulación de riqueza. Para darle impunidad a la corrupción se hacen leyes ad hoc (hoy sabemos que las redactan los propios cohechadores de parlamentarios). Legalmente, se pueden cometer “errores” sin incurrir en delitos.

Michelle Bachelet -aquella de los años 70 y 80- habría encabezado, seguramente, una ofensiva nacional contra la corrupción en la política y planteado al pueblo un programa radical de cambios democráticos. En cambio, la presidenta Bachelet cargará con la responsabilidad de haber acentuado la crisis político-institucional al esquivar un combate necesario. Su debilidad permitirá que el próximo gobierno caiga en manos de un hombre fuerte -elegido por una minoría- que vendrá a “poner orden”. Son las ironías de la historia. Para desempeñar ese papel la Nueva Mayoría y la oligarquía ya tienen candidato: Ricardo Lagos Escobar. Esto sucederá si las organizaciones sociales no se ponen las pilas y levantan un programa unitario que convoque al pueblo a dar las batallas por sus derechos con su propia alternativa

(1) Juan Azócar Valdés, Lorca, vida de un socialista ejemplar . Ediciones Radio Universidad de Chile.

Editorial de “Punto Final”, edición Nº 848, 1º de abril 2016. http://www.puntofinal.cl

 

 

La revolución necesaria (II)

 

¿Una nación de borregos?

 

En 1961 un ex oficial de la Armada norteamericana, William J. Lederer(*), publicó  Una nación de borregos , escudriñando el alma de EE.UU. Describió a su país como una nación sumisa, ignorante y aletargada por los medios de comunicación.  Una nación de borregos  analiza crudamente los métodos de la elite político-militar-empresarial que maneja la opinión pública como un material maleable que utiliza a su antojo.
Ha pasado más de medio siglo y ese fenómeno es ahora mucho peor. Un troglodita forrado en millones de dólares amenaza, por ejemplo, convertirse en presidente de EE.UU. Las intervenciones norteamericanas -golpes de Estado, invasiones, guerras de rapiña, bloqueos, asesinatos políticos, imposición de tratados denigrantes para la soberanía de naciones indefensas, etc.- se han extendido por todo el mundo. Chile lo sufrió en 1973 y hoy la amenaza se cierne sobre Venezuela. El indecente comportamiento de los gobiernos demócratas y republicanos no ha logrado todavía despertar a la nación de borregos.
En Chile está sucediendo un fenómeno parecido. Es hora de preguntarnos si nos estamos convirtiendo en borregos pastoreados por el duopolio político y mediático. Esto nos llevaría a renunciar a nuestros derechos y deberes de ciudadanía en una república democrática. Permitiríamos así que gobernaran sin contrapeso las grandes empresas nacionales y extranjeras y las pandillas de políticos corruptos que son sus devotos servidores.
La actual crisis político-institucional cuenta con un aliado que le permite ganar tiempo y eludir el severo castigo que merecen sus responsables. El mejor aliado de la corrupción y de los abusos con la población es la indiferencia ciudadana. Las elecciones municipales de este año mostrarán sin duda una abstención superior al 60% que se produjo en las presidenciales de 2013. Las revelaciones del Ministerio Público sobre corrupción han aumentado a niveles superiores al 80% el rechazo a instituciones, políticos y a la política en general. En tanto, la Fiscalía Nacional Económica ha denunciado las colusiones de empresas que imponen los precios de los productos con que esquilman a la población. Estas denuncias -que abarcan al conjunto del mercado- han dejado en evidencia que la libre competencia, pilar del sistema, es un puro cuento. Sin embargo la población mantiene -hasta ahora- una actitud de sumisa resignación.
Lo mismo ocurre con el transporte público, que en rigor debería depender del Estado y los municipios. El temor a denunciar, debatir y sobre todo a participar en organizaciones sociales y políticas, es una herencia del terrorismo de Estado. En paralelo, Chile ha sufrido durante casi medio siglo el proceso de colonización cultural del neoliberalismo, que es algo más que una teoría económica. Lo que somos los chilenos en el siglo XXI -ignorantes y ajenos a la solidaridad entre seres humanos-, es resultado de la implantación de un modelo político, económico y cultural reñido con nuestra propia cultura y las tradiciones de organización y de lucha de nuestro pueblo. Un modelo impuesto a punta de bayonetas y tarjetas de crédito y que no será fácil desmontar.
Pero la propia crisis político-institucional permite descubrir caminos para superar la indiferencia ciudadana. El más importante es el que conduce a una Asamblea Constituyente que elabore y plebiscite una nueva Constitución.
Esto requiere de un proceso de reactivación social destinado a acumular fuerzas para vencer la resistencia que opondrá una institucionalidad desvencijada y corrupta pero aún capaz de engañar y reprimir al pueblo.
Los componentes más importantes de este proceso de acumulación de fuerzas son las demandas que representen las necesidades de la mayoría. Demandas que sólo se alcanzarán en un Estado inspirado en valores humanistas y solidarios. Por ejemplo el derecho universal a la salud y educación gratuitas y de calidad. Es un insulto a la dignidad humana la situación en que trabajan los hospitales públicos en que el pueblo debe esperar meses o años para una intervención. También hay que terminar con la especulación de laboratorios y cadenas farmacéuticas fijando precios a los medicamentos y apoyando a las farmacias populares. Por su parte, los jardines infantiles, escuelas primarias y colegios deben contar con los mismos recursos e infraestructura para formar niños en igualdad de condiciones. Los ancianos junto con los niños deben gozar de la atención preferente del Estado, mediante la creación de hogares confortables y dignos.
La justicia social comienza por el salario. En Chile la diferencia es abismal. Más de un millón y medio de trabajadores, uno de cada cuatro según la Fundación Sol, gana el salario mínimo: 250 mil pesos (356 dólares). Un parlamentario, en cambio, recibe 37 veces más. Fijar un salario máximo -como planteó Alfonso Baeza Donoso, ex vicario de la Pastoral Obrera-, es indispensable para acortar la brecha salarial. Esto debe quedar establecido en las leyes que generará la nueva Constitución.
Chile necesita una verdadera reforma tributaria. Los ricos tienen que aportar más. Mucho más. No resiste ninguna lógica que existiendo tan graves problemas sociales, haya chilenos que poseen fortunas de hasta diez mil millones de dólares, según la revista  Forbes . Esto ofende a un país que no ha logrado derrotar la pobreza y extrema miseria. Un país donde muchos duermen en las calles y se alimentan escarbando la basura de los restoranes. Se impone una reforma tributaria solidaria. Chile puede soportar unos cuantos ricachones siempre cuyo aporte tributario sea consistente con las necesidades del país. Pero es intolerable la acumulación de fortunas que se han levantado mediante la especulación y la explotación de seres humanos y de riquezas naturales sin que existan esos aportes.
La inversión extranjera está saqueando el país con la complicidad de gobiernos elegidos por un pueblo desorientado. La dictadura abrió las puertas a esos abusos, pero los gobiernos civiles fueron más allá. En el periodo 1996-2010 -gobiernos de la Concertación-, la inversión extranjera alcanzó cerca de los 62 mil millones de dólares y sus ganancias totales fueron de ¡132 mil millones de dólares! ¡Las inversiones extranjeras se pagaron solas en apenas catorce años! Dicho de otro modo: por cada dólar que entró como inversión el país pagó dos dólares. En el primer gobierno de Bachelet la inversión extranjera directa fue de 52 mil millones de dólares y las ganancias del capital ascendieron a 75 mil millones de dólares.
Cualquier año que se tome como referencia -a partir de 2005, en que la renta de la inversión extranjera crece bruscamente-, representa varias “reformas tributarias” como la que ha impulsado este gobierno o el “royalty” de Piñera. El año 2007, en el primer gobierno de Bachelet, estas ganancias registraron un récord: 22.832 millones de dólares. Lo cual explica la identificación de los inversionistas con los gobiernos de la ex Concertación y el apoyo financiero entregado a sus candidatos y partidos. La última candidatura de Bachelet gastó 5.377 millones de pesos, más que todos los demás candidatos juntos, según declaración al Servicio Electoral. La cuenta no incluye los gastos de “precampaña” recaudados en Soquimich, Enersis y otras empresas por Peñailillo y su G90.
Poner un límite a las grandes fortunas y a la renta de la inversión extranjera es un objetivo natural de la revolución democrática que comenzará con la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Alcanzar ese objetivo se ha hecho más difícil por la adhesión del gobierno de la Nueva Mayoría al TPP (Trans Pacific Partnership). Es un tratado que lesiona el interés nacional al ceder soberanía a tribunales extranjeros en las controversias del Estado con inversionistas extranjeros. Denunciar el TPP para liberar a Chile de las obligaciones que impone ese tratado es un asunto de importancia nacional. Lo mismo que la revisión de los acuerdos de libre comercio que Chile ha suscrito con 64 países. La nueva Constitución debe establecer la prohibición de suscribir tratados que resignen el derecho inalienable del Estado a juzgar con sus propias leyes los conflictos en su jurisdicción.
Entre tanto, la crisis político-institucional avanza con velocidad. Sin embargo puede extenderse por tiempo indefinido y tomar características aún más graves si los ciudadanos no nos unimos para exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Por lo pronto cabe denunciar las maniobras que se hacen en la oscuridad para un “perdonazo” de los actos de corrupción de la Nueva Mayoría y la derecha.
Se necesitan nuevos liderazgos sociales y políticos, limpios de corrupción. Sobre todo de jóvenes, los llamados a dirigir este proceso de saneamiento moral de la política y de construcción de nuevas bases institucionales.

MANUEL CABIESES DONOSO

(*) Coautor con Eugene Burdick del libro  El americano feo , llevado al cine.

(Editorial de “Punto Final”, edición Nº 847, 18 de marzo 2016)

Fuente: http://www.puntofinal.cl/